Chivo expiatorio constitucional

El diez y ocho de octubre de dos mil diez y nueve las gentes fueron sorprendidas por una insurrección planificada cuidadosamente, para dar la impresión de un estallido social espontáneo. El lema de aquel movimiento, cuidadosamente diseñado, fue «No son treinta pesos, son treinta años» que evocaba, de modo subrepticio, todas las reivindicaciones que a partir del proceso de retorno a la democracia podría haber acumulado la sociedad, ya sea por frustración o fracaso personal. El objetivo claro de la insurrección fue derribar el gobierno democrático. Éste fracasó.

Las gentes salieron a las calles con un arcoíris de diversas reivindicaciones: Unos golpeaban ollas porque sus ingresos no les alcanzaban, otros enarbolaban carteles exigiendo una vivienda digna, muchos lanzaban piedras exigiendo el fin del crédito universitario con aval del estado, unos pocos pedían igualdad de trato para las minorías sexuales, las mujeres anhelaban ser tratadas como los hombres, otras querían tener al alcance de la voluntad el aborto, los medios de comunicación en una esquina de cualquier plataforma numeraban los femicidios, muchas pedían que sus parejas de fracaso pagaran la manutención de sus hijos comunes, algunos vociferaban contra los ricos, también contra los empresarios, contra el costo de la vida, por las tarifas de la luz, el precio de la parafina y la bencina, por la mala atención de salud, por las pensiones miserables, los altos sueldos de los políticos, los precios de los medicamentos, por las Administradoras de Pensiones, por las Instituciones de Salud Previsional, por el costo de las carreteras concesionadas, por la colusión en el precio de los pollos, por la de los medicamentos, por la del papel higiénico, muchos más tenían iras sordas por sus fracasos de los que culpaban a la gente que vive en los barrios acomodados y había quienes exigían educación de calidad, fin del lucro, control del narcotráfico, terminar con la delincuencia, reformar el cuerpo de carabineros, dominar la amenaza terrorista en la Araucanía, liberar a los presos políticos, castigar a los curas pedófilos, igualdad, equidad, dignidad, derechos humanos, derechos animales y un largo más y más.

Ningún gobierno podría dar solución a todas estas demandas que derivaron en una manifestación multitudinaria pacífica, violenta, diversa, libre, controlada, espontánea y planificada. Pero el gobierno no cayó. El régimen democrático no colapsó. No lograron posicionar un guía carismático para atacar el Palacio de Invierno. La insurrección cayó bajo la amenaza del fracaso. Nadie proponía un curso de salida para la crisis. Entonces, se dice, el gobierno habría traicionado a la gente y entregado el mando al congreso. Éste ansiaba desde siempre reemplazar la constitución «de Pinochet» y la utilizó como chivo expiatorio del fracaso.

Aquí pudo quedar en evidencia un doble fracaso: La constitución vigente hacía catorce años que, a través de muchas y profundas reformas, tenía casi nada «de Pinochet» y casi todo del ex presidente Ricardo Lagos, excepto la nominación que por sus reminiscencias de origen continuó siendo «de Pinochet». Éste fue el primer fracaso. El segundo, producto de las ansias políticas, fue creer que la violencia desatada se apaciguaría acordando crear una nueva constitución. No fue así.

El chivo expiatorio fue sacrificado dos veces también: El primer sacrificio ya se explicó antes. El segundo lo ofreció el gobierno, para sostener la democracia que se desbarrancaba: Aún pende bajo la amenaza de la espada de Damocles de los múltiples errores políticos, al filo del abismo, empujada por la violencia incesante y la bolsa de gatos a cargo de proponer la nueva constitución. ¡Vaya qué oportunidad de conseguir aquí lo que no pudo la insurrección!.

La reforma a la constitución de dos mil cinco, de Ricardo Lagos E., en sus artículos ciento veintisiete a ciento cuarenta y tres, plenamente vigentes en tanto lo esté la propia constitución; determina sin lugar a dudas, que la aprobación o rechazo del texto propuesto por la convención constitucional corresponde a todos los chilenos con derecho a sufragio, de acuerdo a las normas de la propia constitución, en un plebiscito cuyas opciones serán la «Aprobación» del texto propuesto, o su «Rechazo». No se contempla aquí una «Tercera vía». No es posible su inclusión, ni aún a fuerza de nuevas reformas, por cuanto el sólo hecho de haberse decidido lo actuado, en un plebiscito, no puede ser modificado por otra instancia diferente a ésta que dio origen al procedimiento. Cualquier intento es absurdo. Si el texto propuesto es rechazado, el mandato claro en la reforma a la constitución actual y refrendado en un plebiscito, es que permanece vigente la actual constitución.

En las circunstancias descritas, sería imposible una tercera vía porque requeriría que el rechazo determinara el fin de la actual constitución, quedando la república indefinida y anulada, hasta la creación de una nueva constitución, abriendo un nuevo camino de solución a los insurrectos de dos mil diez y nueve. Sería otro nuevo error añadido a los ya muchos cometidos.

Políticamente, la crisis de dos mil diecinueve, quedaría resuelta con el rechazo, que entregaría plena confianza a la Constitución de la República de Chile consagrada en dos mil cinco. Las demandas largamente enumeradas al comienzo de este texto, no tienen, en modo alguno, por lo demás, un peso constitucional y deben ser solucionados por resoluciones administrativas o de ley. Por su parte la crisis social, insoslayable, requerirá de un gobierno fuerte que enmiende rumbos disciplinarios para domeñar la violencia terrorista y la urbana. Ésto es lo que deberá exigir con fuerza y decisión la ciudadanía, una vez rechazado el texto que propondrá la convención cuyo contenido ya difundido no deja lugar a indecisiones.

Kepa Uriberri